TDT: de aquellos barros vienen estos lodos

miércoles, 26 de marzo de 2014

El año 2005 pasará a la historia de la televisión privada como el pasaje de Eva y la serpiente en la Génesis de la TDT de este país. Aquel año, un presidente disfrazado de libertador y paladín del pluralismo del paraíso de los medios tentó a la ingenua industria para que comiera el fruto del árbol prohibido, prometiéndole infinitas ventajas para la eternidad, donde nadie le incomodaría su apacible y provechosa estancia en el Jardín del Edén publicitario.

Por aquellas fechas, la legislación determinaba ya que las televisiones privadas fueran sólo tres y que éstas se otorgasen por concurso público. Para más inri, una de ellas no competía por la audiencia ni la publicidad al tener que emitir sólo codificada. Al entonces presidente Zapatero le marcó un golazo en propia meta su lugarteniente Miguel Barroso de la mano de su exsocioMiguel Ángel Contreras (por entonces alma mater del Grupo Árbol y luego presidente de La Sexta), presentándole un plan que, bajo la habitual máscara de intereses públicos, sólo buscaba satisfacer vanidosos y terrenales intereses privados: para el político, conseguir un escenario televisivo más propicio y entregado a su causa; para el –quizá- ideólogo, colarse en el exclusivo coto de las televisiones privadas que, aún fracasando en el modo inicialmente previsto cuando el tiempo demostró el dislate empresarial que suponía la iniciativa, finalmente lo consolidó mediante forzadas fusiones con los actores tradicionales.

¿Cómo sortear la ley?

Tal y como se actúa en los laboratorios de la hipocresía política y maquillándolo de un falso y demagogo interés público por “fomentar el pluralismo informativo”, embarcaron al Gobierno en la compleja operación desortear la ley para “colar” un canal de televisión privado más, La Sexta, y conseguir la emisión en abierto del canal codificado operado por el tradicional aliado Grupo Prisa, que pasó a llamarse Cuatro.

Pese a anunciarse dichas iniciativas judiciales “en defensa del pluralismo”, estas nunca se interpusieron sin que trascendiera jamás la razón de su paralización, a pesar de que estaban en juego 'los intereses de sus accionistas'¿Cómo conseguir aquella disparatada iniciativa contraria a los intereses de los gigantes del sector? Pues recurriendo a la primitiva técnica del palo y la zanahoria: neutralizaron las iniciativas judiciales anunciadas por las televisiones afectadas, únicas legitimadas entonces para acudir al auxilio judicial, que pudiera frustrar el plan urdido. Eso sí, a cambio de una cadena de favores y prebendas para comprarles su silencio cómplice y que ahora se demuestra construida sobre cimientos de barro.

La llegada al mercado de dos nuevos competidores por empeño del político de turno suponía una grave amenaza para las dos grandes televisiones privadas ya establecidas que, como reacción inmediata, anunciaron su intención derecurrir ante los Tribunales las decisiones tomadas por el ejecutivo.

Iniciativas judiciales que no se llevaron a cabo

Sin embargo, pese a anunciarse dichas iniciativas judiciales “en defensa del pluralismo”, estas nunca se interpusieron sin que trascendiera jamás la razón de su paralización, a pesar de que estaban en juego “los intereses de sus accionistas” (en este link puede leerse la nota de prensa de Tele5 de 29-06-05).

La realidad es que, de forma inmediata a la amenaza, se llevaron a cabo una serie de favores políticos como compensación a los grupos mediáticos afectados, blindando su posición de dominio del mercado ante la amenaza que suponía la irrupción de nuevos actores que conllevaba la implantación de la tecnología TDT y la consiguiente multiplicación de canales. Así, prescindiendo de la obligación de adjudicarlos por concurso público prevista incluso en la entonces vigente Ley 10/88 de Televisión Privada, se aprobó el Real Decreto 944/05 que “ampliaría las concesiones a las adjudicatarias”, eso sí, sólo de forma temporal mientras durase el proceso de implantación de la nueva tecnología. De este modo, a cambio retirar los anunciados recursos contra la iniciativa política, los nuevos canales que propiciaba la TDT fueron a parar alos mismos operadores que ya disponían de otros, evitando la entrada de nuevos competidores.

Se llevaron a cabo una serie de favores políticos como compensación a los grupos mediáticos afectados, blindando su posición de dominio del mercado ante la amenaza que suponía la irrupción de nuevos actores que conllevaba la implantación de la tecnología TDTEl ambicioso plan fue salvado in extremis y por los pelos del marco legal aplicable, aunque con el hándicap de la temporalidad; implantada ya la TDT en abril de 2010, aquellas prebendas temporales tocaban a su fin y todos esos nuevos canales debieron sacarse a concurso. Es entonces cuando los agraciados, las mayores corporaciones de medios de comunicación de este país, miran al cielo, silbando como viejos truhanes, confiando que los amigos del poder les mantengan aquel regalito de hace cinco años aprovechando el desconocimiento generalizado que sobre estos asuntos tiene la mayoría de la sociedad, precisamente, el grueso de su audiencia… y de votos.

Intrigas y negligencia

La nueva Ley audiovisual de 2010 liberalizaba ese mercado y acababa con el régimen de servicio público esencial de la televisión, por lo que, con más sentido si cabe, mantenía la obligación de convocar aquellos nuevos canales TDT por concurso. Sin embargo, la industria se propuso repetir la misma estrategia para mantener su posición de control del mercado publicitario, aun con el nuevo marco legal fruto de la transposición de las directivas europeas en la materia. Intrigaron con los políticos cómplices para sortear nuevamente la legislación aplicable y consiguieron de estos unos “papelitos” con los que perpetuar aquellas prebendas temporales. Tan seguros y cómodos, o soberbios, se sintieron en su connivencia con el gobierno de turno, que desde sus altares no alcanzaron a valorar correctamente (negligencia que ya se estudia en las aulas de las Facultades de Empresariales) las iniciativas judiciales que modestos empresarios emprendieron para que se corrigiera ese abuso de derecho y se respetara el orden legal.

Existen nuevos procedimientos judiciales tramitándose con una fundamentación tan solvente como el que desembocó en la sentencia aludida, pidiendo el cierre de otros 8 canales más de televisión privados nacionales que tampoco fueron otorgados mediante concurso públicoEl Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de noviembre de 2012, y confirmada en Auto de Ejecución de 18 de diciembre de 2013, ha declarado nula la adjudicación sin concurso de 9 de los actuales canales TDT. Ahora, bajo soflamas como “hemos sido engañados”, “compromisos incumplidos” e “ingentes inversiones realizadas”, los entonces agraciados quieren hacerse las víctimas de su propia estrategia y presionan al gobierno para justificar su derecho a mantener aquellas prebendas, aunque sea a costa de incumplir resoluciones firmes y ejecutables del Tribunal Supremo… ¿Hasta este punto han perdido el sentido de la realidad y del Estado de Derecho? ¿Dónde estás, Montesquieu?

¿Qué inversiones?

¿Inversiones? Las cantidades anunciadas a modo de justificación para mantener el actual “staus quo” fueron en forma de difusión publicitaria (y a precio “de lista”) promocionando la TDT durante los cinco años de transición entre tecnologías, también en aquellos canales regalados. A cualquier adjudicatario alternativo, de haber tenido la oportunidad de licitar, le hubiera encantado cumplir con aquel “compromiso” que, además, le beneficiaría a sí mismo. El resto de “inversiones” soportadas son, básicamente, el coste del proveedor del servicio técnico de la red de difusión que, nuevamente, cualquier aspirante al ingente y exclusivo pastel publicitario hubiera estado encantado de “soportar”. Gastos que, en cualquier caso, están sobradamente compensados con los ingresos proporcionados durante los cuatro años ya de explotación contra legem.

Existen nuevos procedimientos judiciales admitidos ya y tramitándose con una fundamentación tan solvente como el que desembocó en la sentencia aludida, pidiendo el cierre de otros 8 canales más de televisión privados nacionales que tampoco fueron otorgados mediante concurso público. Lo que las afectadas no hicieron en su día “en defensa de sus intereses” se les vuelve en contra por la fiscalización de la actuación administrativa que ha hecho el mismo Tribunal Supremo al que renunciaron acudir y que, ahora sí, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre aquellas maniobras político-legales urdidas sólo para satisfacer intereses privados, nunca públicos.

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