¿Puede la empresa revisar y controlar el correo electrónico corporativo de sus empleados?

jueves, 21 de noviembre de 2013

Hasta el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo que marcaba la jurisprudencia era la potestad por parte del empresario de vigilar el correo electrónico de sus empleados siempre que, con carácter previo, hubieran advertido a los mismos mediante una circular o un comunicado interno de la posibilidad de ser sometidos a ese tipo de control. Asimismo se exigía que ese aviso previo fuera unido a la prohibición expresa de utilizar los medios informáticos para fines diferentes a los estrictamente laborales.

El cambio introducido por el Tribunal Constitucional, según MassMedia Assistants, consiste en que la advertencia prohibiendo el uso de los medios informáticos para fines distintos a los laborales no necesariamente debe realizarse mediante una comunicación interna específica, bastando con que la misma aparezca en el convenio colectivo aplicable.

El matiz es importante, porque lo normal es que una comunicación interna sea leída y comentada por todos los empleados de una empresa, mientras que el porcentaje de empleados que conoce el contenido del convenio colectivo que se les aplica es, en la mayoría de los casos, residual.

Sentada esta base, el Tribunal Constitucional razona que la existencia de una advertencia de esas características implica que el trabajador no puede mantener razonablemente la expectativa de que las comunicaciones que realice con el correo electrónico de la empresa sean confidenciales y, por consiguiente, nunca podrá entender vulnerado su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, pues está haciendo uso de un medio respecto del cual sabe de antemano que el empresario puede realizar una labor inspectora, pues así se lo ha hecho saber este último.

De todos modos, desde MassMedia Assistants entendemos que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional tiene un importantísimo componente de valoración específica de las circunstancias del caso concreto analizado, que no necesariamente pueden ser aplicadas automáticamente a otros supuestos que no sean idénticos. Así, el asunto enjuiciado se refiere a un caso en el que la empresa tenía sospechas de que el empleado en cuestión estaba filtrando información confidencial a empresas competidoras, y para probar tales hechos, llevó a cabo varias iniciativas de investigación entre las que se incluyó el análisis de todos los correos enviados y recibidos en la cuenta de correo corporativa del empleado. El Tribunal Constitucional, por tanto, ha tenido que analizar la oportunidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida adoptada por la empresa en unas circunstancias muy concretas, para finalmente concluir que no ha existido vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Asimismo el Tribunal Constitucional ha tenido que hacer una valoración específica de los correos electrónicos que suscitaron la controversia para analizar si alguno de ellos reflejaba aspectos específicos de la vida personal o familiar del trabajador, al objeto de analizar la posible vulneración del derecho a la intimidad del trabajador.

Por tanto, si bien el Constitucional refrenda el derecho del empresario a fiscalizar el correo de sus empleados en cuentas corporativos existiendo información previa al empleado (la novedad es que el aviso puede hacerse a través del convenio colectivo), también deja claro que no toda conducta de este tipo está exenta de vulnerar los derechos constitucionales de la intimidad y el derecho a las comunicaciones.

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