El Gobierno ejecutará la sentencia que anula el reparto de canales de TDT

viernes, 22 de marzo de 2013
Según ha anunciado hoy Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ejecutará dentro de la hoja de ruta para la puesta en marcha del dividendo digital una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la última asignación de canales de la era Zapatero. Y lo hará sin acuerdo con las cadenas, a las que obligara a devolver entre dos y tres canales por grupo. Mediaset perderá dos de ocho, Antena 3 se dejará otros tres. Vocento y Unidad Editorial también perderían la mitad de su oferta de cuatro frecuencias.
 
 
La Sentencia marca un hito jurisprudencial y supone el fin del tradicional tratamiento discrecional y sectario que los distintos gobiernos de las diferentes administraciones han mantenido en materia de reparto de títulos habilitantes imprescindibles para promover medios de comunicación de masas. Efectivamente, la Sentencia hace suyo los argumentos desarrollados por Massmedia Assistans y el Alto Tribunal reconoce como derogado el tradicional marco jurídico propio de las "concesiones administrativas" inherente a la antigua calificación de "servicios públicos" para confirmar que el nuevo régimen de licencias impuesto desde la entrada en vigor de la Ley Audiovisual en mayo de 2010 es mucho más laxo y debe de repartirse con criterios que garanticen la competencia y libre mercado mediante procedimientos trasparentes como los concursos públicos. Así pues, los nuevos concursos sobre estas materias habrán de ser, por fin, más claros y transparentes a la hora de resolverlos, permitiendo mucho más fácilmente que los tribunales aprecien cualquier irregularidad o criterio subjetivo que un licitador haya sufrido durante su resolución.
 
La Sentencia entraba a analizar los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010, que constituían la base normativa del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se efectuó la asignación directa de un múltiple digital a cada uno de los concesionarios (hoy licenciatarios) ya existentes en el mercado, y su contradicción con la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, que derogaba todas las normas de igual o inferior rango anteriores que se opusieran a la misma.
 
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