Fabra readjudicará las 42 TDT anuladas por el Supremo sin cambiar los criterios

lunes, 4 de marzo de 2013

El Gobierno valenciano ha anulado, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, la adjudicación de 42 canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local, pero mantiene la validez de todo el proceso concursal desarrollado en 2005, por lo que volverá a adjudicarlas después de que la mesa de contratación haga las valoraciones a que le obliga la ley.

La adjudicación de 42 canales de TDT repartidas en 14 demarcaciones de la Comunidad Valenciana fue anunciada el 30 de diciembre de 2005 y firmada en enero de 2006 por Esteban González Pons, entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en el Gobierno de Francisco Camps. El recurso que finalmente ganó en el Supremo fue interpuesto por Tele Elx.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica este lunes la resolución del actual consejero de Presidencia, José Císcar -vicepresidente del Consell-, que anula la adjudicación en cumplimiento de la sentencia, pero advierte de que el fallo solo censura defectos formales y señala que "el Tribunal no se pronuncia sobre la procedencia o viabilidad jurídica de la valoración efectuada por Doxa Consulting", en referencia al informe de la empresa privada en la que se basó la adjudicación.

El Supremo consideró ilegal que la mesa de contratación hiciese suyo este informe privado, incumpliendo "de forma flagrante su función de valorar las ofertas, que es propia e indelegable". La resolución ahora publicada por la Generalitat da a entender que la mesa de contratación volverá a reunirse y basará su decisión otra vez en el informe de Doxa Consulting, aunque cumpliendo formalmente su obligación de valorar.

El problema es que han pasado más de siete años y algunas de las empresas adjudicatarias han desaparecido, mientras otras se fusionaron o se vendieron a terceros. Las adjudicaciones beneficiaron a medios afines al Partido Popular, sobre todo, al empresario de la construcción José Luis Ulibarri, posteriormente imputado en el caso Gürtel.

Vinculado a la 'trama Gürtel'

Ulibarri se hizo con 13 licencias a través de un conglomerado de empresas locales que rápidamente se unieron en lo que se llamó Grupo Mediamed. Este grupo entró en crisis y se declaró en concurso de acreedores tras estallar el caso Gürtel en 2009. Ulibarri vendió el grupo a empresarios locales y actualmente la mayoría de las televisiones que lo formaron no emiten.

Para optar al concurso, el constructor leonés estuvo asesorado por el despacho Eius Abogados, del que era y es socio el entonces diputado popular por Valencia José María Michavila, hermano de la entonces jefa de gabinete y mano derecha de Camps, Ana Michavila.

Otros grupos agraciados fueron Unedisa (editora de El Mundo), Intereconomía y Libertad Digital (Jiménez Losantos), con 4 licencias cada uno; la castellonense Pilp, con 3; Tabarka (afín a Eduardo Zaplana) y Editorial Prensa Ibérica (editora del diario Levante), con dos cada uno, y Planeta (Antena 3), Vocento (editora de Las Provincias) y Localia (Grupo Prisa), con una cada una. Las otras siete se las repartieron empresas locales.

La empresa que recurrió, Tele Elx, que funcionaba desde 1987, lo hizo tras no obtener ninguna de las tres licencias de su demarcación, que fueron para Comunicación Audiovisual Editores (Mediamed), Unedisa y Libertad Digital.

El mismo día se adjudicaron dos canales de TDT de cobertura autonómica, a Televisión Popular del Mediterráneo (Cope) y Las Provincias Televisión (Vocento), pero la sentencia del Supremo no les afecta porque era otro concurso y otra resolución.

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